descuento de las multas por tenencia de drogas, limitación de las detenciones por identificación y otros cambios en la 'índole mordaza'
frente a la amenaza de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar fondos a las comunidades que no declaren las zonas tensionadas, este jueves Rodríguez no ha querido retornar a entrar en la polémica y ha asegurado que no entiende que las comunidades gobernadas por el PP no apliquen esta medida que beneficiaría, ha dicho, a inquilinos y caseros.
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Las vecinas y vecinos de Madrid tomarán las calles el próximo 13 de octubre para protestar contra la subida de los precios y la especulación inmobiliaria. Las movilizaciones se extenderán por otras ciudades españolas durante el resto del mes. El Sindicato de Inquilinas de Madrid reflexiona sobre la posibilidad de convocar una huelga de alquileres a gran escala: "El contexto ha cambiado, pero la crisis de la vivienda es igual de aguda que en 1931.
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Una forma de solucionar eso es atacar al rentismo con la cuesta de precios del alquiler. Y luego habría otra dimensión y es que las instituciones públicas igualmente deben ofrecer una alternativa totalmente pública y, sin bloqueo, esta misma semana hemos gastado en la Operación Campamento que se van a hacer más de 10.000 viviendas y volvemos a cometer el error de siempre y es que Internamente de 15 primaveras esas viviendas volverán a ser privadas y a estar en el mercado.
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"Otro de los grandes problemas en estos primaveras es el que se ha generado con la citación ocupación, que se emblema en 78.800 viviendas en el conjunto de España; es decir, una sigla equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara", advierten los populares, en narración a la "okupación", un problema que el Gobierno proxenetismo de minimizar.
La norma fue propuesta por el jerarca de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres (Morena), y aprobada con 49 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones.
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Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, expone los límites legales de la propuesta. "El derecho de huelga que recoge la Constitución en el artículo 28 se refiere a los trabajadores asalariados, es afirmar, aquellos que tienen una relación laboral con una empresa o patrón.
En el quinto punto, advierten que no toleran "la amenaza y el chantaje" de Rodríguez porque la calidad de Vivienda "se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos". En el sexto punto, los populares reclaman que el Gobierno "dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es ineludible para una decanoía de la población españonda, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general".
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